Por Ronaldo Zanon
Con tres años de retraso, finalmente el pasado 12 de enero, la Secretaría de Salud emitió el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos.
Se trata, sin lugar a dudas, de un importante paso para superar la política prohibicionista y el estigma que ha retrasado durante décadas el conocimiento sobre las propiedades del cannabis y su utilidad benéfica para la salud humana.
El Reglamento busca regular la producción para fines de investigación científica y farmacéuticos, establecer reglas para la importación de productos medicinales de cannabis no psicotrópica y así dar acceso a esos productos para las personas que pueden ver beneficiada su salud a través de su uso.
Sin embargo, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que el Reglamento tiene grandes limitaciones, pues establece barreras de entrada al cultivo nacional, que excluyen a los productores tradicionales; limita la producción a la materia prima para medicamentos registrados y establece requisitos excesivos para obtener los permisos necesarios para poder hacer investigación.
Por otro lado, prohíbe cualquier uso terapéutico no farmacéutico del cannabis, mantiene una restricción excesiva sobre el THC -componente psicoactivo- y establece criterios desproporcionados para recetar los medicamentos de origen cannábico, tan estrictos como los existentes para los opiáceos.
Aunque el Reglamento representa un avance que beneficiará a pacientes que esperan que los medicamentos derivados del cannabis estén disponibles de forma legal y accesible en el país, deja fuera a quienes encuentran alivio a sus dolencias con preparaciones cannábicas no farmacéuticas -pertenecientes a la herbolaria y reserva el mercado para las grandes empresas farmacéuticas.
La eventual aprobación de la Ley General de Regulación del Cannabis, cuya minuta proveniente del Senado actualmente se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, solventará algunos de los excesos restrictivos que plantea el Reglamento, lo cual acentúa la importancia de que la colegisladora avance en su proceso legislativo en esta materia.
Para el Movimiento Ciudadano no hay duda de que el camino correcto es poner fin a un siglo de prohibicionismo fallido, superar los prejuicios impuestos sobre el cannabis y abrir un mercado legal integral, que abra verdaderas oportunidades de desarrollo económico al sector campesino que ha sido víctima de la una política punitiva, que haga justicia a las personas usuarias que han sido estigmatizadas y criminalizadas de forma desproporcionada de acuerdo a su condición económica, edad y género, y que permita aprovechar el potencial industrial, farmacéutico y terapéutico de una planta con múltiples propiedades.
