• No queda otra salida más que sean las instancias federales las que atraigan el caso para esclarecer el inminente fraude electoral
• Carlos Joaquín está obsesionado con derrocar a como dé lugar a Laura Beristain para apoderarse de Playa del Carmen por el poderío económico que representa
Las elecciones del 6 de junio fueron pacíficas, participativas y democráticas, con los resultados de todos conocidos, pero hubo lugares donde lamentablemente continuaron las viejas prácticas de intimidación, fraude y represión. Uno de esos lugares fue el municipio de Solidaridad en Quintana Roo.
No hablamos de preferencias políticas, pues desde 2018, Quintana Roo es un estado donde Morena tiene una alta presencia, sino de la obsesión del Gobernador Carlos Joaquín de controlar el municipio de Solidaridad, porque en Playa del Carmen se localiza uno de los principales bastiones del morenismo, no sólo de Quintana Roo, sino de toda la Península de Yucatán y uno de los grupos políticos más críticos al gobernador, encabezado por la familia Beristaín: Laura, Luz María y Juan Carlos.
Carlos Joaquín entra en el último tramo de su gobierno, una administración cargada de claroscuros y cuestionamientos. Quiere controlar su sucesión y la principal piedra en el zapato para este propósito es Playa del Carmen. Dio la instrucción de ganar a Morena y a Laura Beristain la elección en Solidaridad al precio que fuera y como fuera. Además de destinar los recursos políticos para este fin. La Policía Estatal y la fiscalía del estado se convirtieron en los brazos ejecutores de las instrucciones del gobernador.
Semanas previas a la jornada electoral intervinieron los teléfonos de las y los Beristaín y de sus principales colaboradores, gente armada los sigue las 24 horas del día, las autoridades estatales iniciaron acciones administrativas y penales contra servidores públicos municipales.
En la noche previa a la elección y de manera irregular, el domicilio de la familia Beristaín en Playa del Carmen fue allanado por elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, las personas que ahí se encontraban fueron encañonadas e intimidadas con armas largas y exceso de violencia. También previo a la elección, una veintena de personas pertenecientes a Morena fueron detenidos de forma ilegal. De estos hechos hay denuncias ante autoridades locales y federales.
En la jornada electoral, de acuerdo a testimonios, videos y fotos que han hecho llegar a esta columna y a diversos medios de comunicación, hubo acarreo, coacción y compra del voto. Se controló la apertura de casillas. Explico: en Quintana Roo, como ocurre en los destinos turísticos, el domingo es un día laborable. Las personas entran a trabajar entre la una y las dos de la tarde; es decir, la ciudadanía vota mayoritariamente antes de esa hora.
El gobierno del Estado operó por medio de todos los recursos posibles el retraso en la apertura de casillas. Después del medio día, en Solidaridad sólo se había instalado el 70% de las casillas, lo cual contrastó enormemente con el porcentaje que reportó el INE a nivel federal a esa misma hora.
El gobernador tendió un cerco informativo a través de la intimidación y el soborno, salvo excepciones, para los medios estatales estos hechos han pasado desapercibidos. Hubo fraude en el paraíso, pero les taparon los ojos.
La elección en Solidaridad debe limpiarse. A estas alturas, en nuestra democracia no debe permitirse el fraude. Lamentablemente, las autoridades electorales estatales están controladas por el gobernador, así que la justicia llegará hasta que el abultado expediente de irregularidades y delitos lleguen al ámbito federal. En Solidaridad, como en todos los municipios del país el voto ciudadano debe respetarse.
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