Ciudad de México a 26 de Enero (CÍRCULO DIGITAL).-Desde hace décadas los juzgados familiares en toda la República Mexicana han sido testigos de innumerables falsas denuncias por parte de uno de los dos progenitores, de uno o varios familiares o incluso por parte de los abogados manipulando a menores, anteponiendo intereses legales sin importar las consecuencias psíco-emocionales que generan en niñas y niños que son víctimas del llamado “Síndrome de Alienación Parental”, según se desprende de una iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena.
Impulsada inicialmente por la legisladora, Sandra Luz Falcón, la propuesta sostuvo que ante la poca legislación que existe en el país para hacer prevalecer el interés supremo de los menores, se requiere concientizar a los familiares, abogados y sociedad en general sobre cada una de las consecuencias legales y mentales que acarrea el hacer víctimas a menores de manipulación de hechos y conductas, principalmente para lograr ventajas en diferendos de carácter judicial.
“El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es considerado como un proceso consistente en la programación que hace un progenitor a un hijo para que, sin justificación alguna, odie, rechace o desprecie a la pareja, para que el menor manifieste su propia contribución en la campaña de denigración”, se explicó en la exposición de motivos.
Por lo anterior, agregó, es indispensable realizar una reconstrucción ideológica del principio del interés superior de la niñez como personas sujetas de derechos y como principal riqueza de nuestra sociedad, no solo futura, sino también como un valor presente que requiere un trato digno, por lo cual se hace indispensable prevenir y, en su caso, sancionar, aquellos casos en los que alguno de los progenitores o ambos, e incluso familiares hagan víctimas a los hijos.
En razón de ello, Morena sometió a la consideración del Pleno una serie de reformas al Código Civil Federal a fin de garantizar a los integrantes de la familia el respeto a su integridad psíquica emocional con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social.
Tras definir lo que se debe entender como cualquier tipo de violencia física, emocional, sexual o económica en el ámbito familiar, propuso condenas que van desde el arresto hasta la pérdida de la patria potestad para quienes caigan en el delito de atentar contra el interés superior del menor.
