Senadoras y senadores de diversos Grupos Parlamentarios, a través de una iniciativa, proponen impulsar una política nacional de aprovechamiento y rescate de los residuos de alimentos que sean susceptibles de consumo humano.

De este modo, se busca alcanzar el máximo aprovechamiento de los alimentos que se producen, para beneficio de la sociedad, sobre todo para la población más vulnerable.

La propuesta que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Desarrollo Social, plantean la recuperación de residuos de alimentos seguros.

Para ello, plantearon establecer un Programa Nacional de Prevención de Generación y Aprovechamiento de Residuos de Alimentos.

El objetivo fundamental de la propuesta, precisaron, es el de prevenir pérdidas de residuos alimenticios, mediante la planeación adecuada de la producción agrícola nacional, y a través del adecuado rescate de los residuos de alimentos, para que éstos sean aprovechados por la población.

Señalaron que el desperdicio de alimentos se genera por falta de aprovechamiento útil, lo que significa que no se trata de basura.

De este modo, es que establecieron el concepto “Consumo humano seguro”, que es la condición de un alimento que, independientemente de la fecha de caducidad establecida por el productor, no se encuentra contaminado, putrefacto o descompuesto, y es susceptible de ser consumido por una persona sin causar daños a su salud.

También proponen la construcción de infraestructura destinada al almacenamiento, conservación y distribución de los residuos de alimentos susceptibles de consumo humano seguro, los cuales provendrán de gestores, pequeñas, medianas y grandes empresas, grandes productores, mercados públicos, así como de bancos de alimentos y centrales de abasto.

Indican que los grandes productores, las grandes empresas de productos y servicios de alimentos, así como las centrales de abastos estatales, deberán incluir en su plan de manejo de residuos, acciones tendientes en esta materia como:

La donación de alimentos y otros tipos de redistribución para consumo humano seguro; la transformación de los productos que no se han comercializado, pero que siguen siendo aptos para las personas, entre otros productos alternativos; la alimentación animal; su uso como subproductos en otra industria; la obtención de composta; la obtención de biogás o de combustibles.

También establecen que los productores, las empresas de productos y servicios de alimentos, así como los locatarios de las centrales de abastos y mercados públicos, que donen sus residuos de alimentos a los bancos de alimentos, se les podría otorgar un estímulo fiscal consistente en una deducción adicional, por un monto equivalente de hasta del 15 por ciento del costo de lo vendido que hubiera correspondido a dichos alimentos.

La propuesta enviada a las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos, fue suscrita por senadoras y senadores de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM, PVEM y del Grupo Plural.